El pasado 28 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el primer Plan Nacional de Desarrollo (PND) bajo la administración de la primera mujer presidenta de México. Un documento que, en teoría, debería sentar las bases para el desarrollo económico y social del país en los próximos años. Dentro de sus ejes estratégicos, la educación ocupa un papel central como herramienta para el desarrollo con bienestar. Sin embargo, un análisis detallado del documento revela que, más allá de la retórica sobre la educación como derecho universal, persisten vacíos importantes sobre su implementación y calidad.
Uno de los temas más relevantes en el PND es la feminización de la pobreza. Se reconoce que 25 millones de mujeres en México viven en situación de pobreza y que esta condición es aún más grave en zonas rurales e indígenas, donde alcanza hasta el 70.1 por ciento. A pesar de este diagnóstico, el documento menciona que las mujeres enfrentan restricciones en el acceso a la educación sin profundizar en las condiciones de oferta y demanda ni en los factores estructurales que perpetúan esta situación. La única cifra que respalda esta afirmación es que el 21% de las mujeres presenta rezago educativo, sin citar fuente alguna.
El problema no es solo la falta de cifras precisas, sino la ausencia de un análisis sobre cómo se van a remover las barreras estructurales que impiden a las mujeres acceder y permanecer en el sistema educativo. ¿De qué manera la violencia de género en las escuelas y comunidades limita su desarrollo? El documento no responde a estas interrogantes.
El PND menciona la palabra “educación” 77 veces, pero “aprendizaje” solo en dos ocasiones. Esto evidencia una visión que prioriza la cobertura sobre la calidad. Aunque se incluyen propuestas como la ampliación del programa de becas universales, la extensión de horarios escolares y la expansión del programa “La Escuela es Nuestra”, hay poca claridad sobre cómo estas medidas garantizarán que los niños y jóvenes realmente aprendan.
Un punto a reflexionar es la escasa presencia del concepto de “evaluación” en el documento: apenas cinco menciones y ninguna en el contexto educativo. Si no hay mecanismos de medición claros, ¿cómo se asegurará que la Nueva Escuela Mexicana logre sus objetivos? La educación no puede limitarse a la garantía del acceso; debe garantizar aprendizajes efectivos y pertinentes para un mundo cada vez más complejo y competitivo.
Uno de los aciertos del PND es la propuesta de un Sistema Nacional de Cuidados, que busca ofrecer infraestructura pública para la atención infantil y servicios comunitarios de cuidado. Este es un paso en la dirección correcta para reducir la carga de cuidados que históricamente ha recaído en las mujeres, lo que limita su acceso a oportunidades educativas y laborales.
No obstante, la creación de centros de cuidado no es suficiente si no se acompaña de políticas integrales que modifiquen la cultura del trabajo no remunerado y promuevan la corresponsabilidad en el hogar. Además, el PND no menciona estrategias para garantizar que estas iniciativas sean sostenibles y lleguen a las poblaciones más vulnerables.
El gobierno ha definido el eje de “Desarrollo con bienestar y humanismo” como el segundo piso de la Cuarta Transformación. Sin embargo, cuando se analiza la educación en este plan, el enfoque parece más simbólico que estructural. No se trata solo de garantizar becas o infraestructura, sino de asegurar que la educación transforme la vida de las personas y les brinde herramientas reales para salir de la pobreza. Mientras no se coloquen en el centro los aprendizajes, la evaluación y la eliminación de barreras estructurales, difícilmente se logrará la equidad educativa que México necesita.
El PND debe ser una hoja de ruta clara con mecanismos de seguimiento y evaluación rigurosos. Sin indicadores precisos y estrategias concretas, las promesas de equidad y desarrollo quedarán en el aire. Es fundamental que la educación no sea vista como una herramienta política, sino como la base del desarrollo nacional. Sin políticas efectivas que atiendan la calidad educativa y la desigualdad estructural, el progreso quedará atrapado en discursos sin impacto real.
El reconocimiento de la feminización de la pobreza en el PND es un avance, pero no basta con señalar el problema: hay que atacarlo con políticas públicas ambiciosas y bien diseñadas. Las mujeres no podemos seguir siendo mencionadas en informes sin que ello se traduzca en cambios reales. La desigualdad de género es un problema sistémico que requiere voluntad política y acciones contundentes. No basta con nombrarnos, es momento de que la agenda de igualdad tenga peso real en las decisiones estratégicas del país.