Policías estatales de la Secretaría de Seguridad de Jalisco capturaron a una célula de extorsionadores y cobradores de piso mediante un operativo en la comunidad de Los Tepetates de Teocaltiche, Jalisco.
Los oficiales los aseguraron cuando tripulaban una camioneta, en la que les aseguraron dos rifles AR-15 y dos armas cortas calibre .40.
Los sujetos más jóvenes, en edades de 19 y 25 años, reconocieron haber asesinado a miembros de grupos rivales.
En tanto, el mayor de los aprehendidos, de nombre Juan, de 38 años, se encargaba del cobro de piso a comercios, mientras que su esposa Araceli, de 35 años de edad, distribuía droga al menudeo; versiones de residentes los refieren como ‘La Familia’, presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa.
El Secretario de Seguridad Juan Pablo Hernández declaró en días pasados comerciantes de la localidad fueron obligados a pagar hasta dos mil 500 pesos por establecimiento, y coaccionados a vender cigarros y cervezas de una marca específica impuesta por integrantes del de crimen organizado.
Aunque aseguró que esta situación ya está contenida, y que las personas que habían sido desplazadas por acciones de los delincuentes ya han comenzado a regresar, “poco a poco han estado regresando, inclusive paran las patrullas estataled y les preguntan a los policías que si es seguro regresar, les decimos que adelante y les dejamos números de emergencia, y poco a poco se ha visto cómo han estado recobrando sus actividades normales toda esta gente que de alguna manera fue desplazado en años anteriores”.
Los desplazamientos datan de hasta ocho años, cuando el municipio comenzó a ser asediado por delincuentes afines al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y al de Sinaloa, que se disputan el terreno.
El cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, quien en alguna ocasión fue parado en un retén y cuestionado por los delincuentes, declaró que el crimen organizado controla la venta de alcohol y cigarros, e inclusive domina las fiestas patronales.
Esta semana fue asesinado el Comisario Ramón Grande, quien estaba en funciones administrativas. Un solitario asesino le disparó cuando conducía un vehículo de color blanco, en las cercanía de un evento municipal, su hijo adolescente estaba en el asiento trasero y su esposa en el del copiloto, ella resultó lesionada de bala en el abdomen.
El gobierno municipal condenó el asesinato y pidió respuestas claras y contundentes a las autoridades estatales y federales, a cargo de la seguridad desde el 19 de febrero pasado por la infiltración del crimen organizado.
Desde entonces se han detectado anomalías como la instalación de un centro clandestino de videovigilancia, en el palacio municipal.
Estadísticamente, Teocaltiche no representa un riesgo de inseguridad, ya que tiene una incidencia delictiva 3.5 veces menor al promedio de Jalisco, según los datos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La intervención de la Guardia Nacional y la Policía Estatal se registra a raíz de la desaparición de ocho policías municipales, y del chofer de una empresa de transporte privado que los conducía a Guadalajara para que se realizaran pruebas de control de confianza, 24 horas más tarde, aparecieron los cuerpos de cuatro de los elementos, mutilados y con un mensaje amenazante que advertía su complicidad con Mario, el líder del cártel de Sinaloa en la zona, y de quien estaría aliado con jefe policíaco asesinado.
Está semana se incautó una bodega con vehículos robados, autopartes, e implementos para habilitar blindajes en trocas monstruo; el valor de todo se calcula en más de 35 millones de pesos.
En este marco se preparaba la reposición de los policías municipales a sus labores, pero cinco elementos ya renunciaron, y la corporación se encuentra a tres cuartas partes de su capacidad, contando a los 7 agentes fallecidos este año, y los cuatro desaparecidos desde febrero.
¿Habrán autodefensas en Teocaltiche?
El pasado 3 de marzo, el activista Juan Pablo Alonso, vocero de la asociación civil ‘Frente Teocaltiche por Nuestra Gente’ encabezó una marcha a la Ciudad de México donde denunció que el CJNG, en complicidad con autoridades estatales, se había apoderado de los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, pero el 30 de marzo sujetos entraron a su casa y le dispararon.
Los integrantes del colectivo anunciaron la creación de un grupo de autodefensas.
En un documento que se ha hecho circular denostan el trabajo de la Policía Estatal, “¡Ya no queremos a la Policía Estatal en nuestros pueblos! A dos años de su ingreso, la situación en materia de seguridad empeoró drásticamente. Asesinan a nuestra gente, a cualquier hora, frente a sus narices y nadie hace nada. No podemos, ni queremos, un México violento, un Teocaltiche violento, necesitamos recuperar nuestro estado dederecho con la ayuda urgente del gobierno federal”.
Representantes del grupo se han manifestado anunciando la confirmación de una policía comunitaria para hacer frente a la crisis de inseguridad que atraviesa el municipio; el organismo se presentaría en un evento programado para la tarde del 16 de abril, pero que por supuestas presiones de las autoridades a cargo de la seguridad municipal, los integrantes del frente cancelaron la rueda de prensa, a la que habían convocado a medios de comunicación.
El secretario, José Luis Pereira, dió una rueda de prensa en la que insistió en que se busca recibir un mayor apoyo estatal y federal para que se dé con los responsables del asesinato del comisario e insistió en que el pueblo está exigiendo protección, “nosotros de manera administrativa, hemos tocado puertas para que sí volteen a ver a Teocaltiche, pero que realmente se indague y se dé con los responsables de todo lo que está sucediendo porque eso es lo que busca el pueblo, eso es lo que exige el pueblo en este momento: justicia, protección y resolución a lo que se está viviendo día con día”.
Antes de la actual intervención en la seguridad municipal de Teocaltiche, se han registrado otras tres relaciones, en 2017, 2020 y 2023, cuando se detuvieron a uniformados con un arsenal ilegal, con órdenes de arresto, y antecedentes penales; se les procesó por desaparición forzada y colusión criminal.
Documentos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos refieren que en mayo de 2021, más de 700 pobladores sufrieron desplazamiento forzado en su intento de escapar de la violencia.