Café con piquete
Se les dijo, lo documenté en este mismo espacio en la columna “Otro elefante blanco”, en octubre de 2024, y no escucharon y menos leyeron. Idinsa no tenía la capacidad técnica para ejecutar la planta de producción de catalizadores del Instituto Mexicano del Petróleo.
A más de un año del inicio del proyecto, la obra sigue inconclusa, acumulando retrasos indefinidos y costos cada vez más inflados.
La advertencia, que entonces algunos funcionarios minimizaron, ¿me estás leyendo Nahle?, hoy resuena como una profecía cumplida con precisión casi quirúrgica.
Fuerte a pico de botella
La licitación estuvo viciada desde su origen. Correos filtrados desde el interior del IMP revelaron cómo Pedro Hugo Terreros, responsable clave del proceso, manipuló abiertamente las condiciones para favorecer a Idinsa, empresa cercana a Rocío Nahle, quien era secretaria de Energía. Con decirles que, bajo su gestión, su empresa favorita recibió contratos millonarios no sólo en este proyecto, sino también en Dos Bocas.
Nahle, en septiembre de 2023, presentó la planta de catalizadores como un proyecto estratégico para el país, asegurando que estaría concluido en “tiempo récord” para mediados de 2024; promesas que resuenan huecas.
Retrasos anunciados y sobrecostos desmedidos
Los primeros signos concretos de lo que sucedería fueron evidentes en los contratos iniciales para el “acondicionamiento de sitio e hincado de pilotes” y la “construcción de edificios”, sumando más de 172 mdp. Los retrasos fueron inmediatos. Ante esta incapacidad manifiesta, en lugar de cancelar o sancionar, Idinsa fue inexplicablemente premiada con otro contrato por 419 mdp para la instalación de equipo, integración y arranque de la planta. Y justo este contrato resultó ser el mayor foco de retrasos y complicaciones.
El presupuesto inicial era de 399 mdp y hoy supera los 500 millones, con ampliaciones presupuestales aprobadas en circunstancias poco claras. Las grabaciones de reuniones oficiales muestran con claridad la confusión absoluta sobre el origen y la autorización de estos sobrecostos. Peor aún, los incrementos repentinos del presupuesto parecían, y fueron –inhale y exhale– maniobras para justificar la selección de Idinsa y su nula capacidad técnica
Complicidad institucional e impunidad anticipada
Súmele que el OIC y la Función Pública tampoco hicieron su chamba. Desde que se presentaron las quejas formales sobre los evidentes sesgos del proceso, ambas instancias rápidamente las desestimaron argumentando una supuesta falta de evidencia. ¡Ver para creer!
Y como la ‘4T’ jamás se investiga, ninguno de los implicados en la adjudicación irregular ha enfrentado consecuencia alguna.
Los directivos del IMP han evitado reconocer las fallas; por ejemplo, en noviembre de 2024 la directora general, Elizabeth Mar Juárez, realizó una visita al sitio para “supervisar los avances” destacando las capacidades técnicas del centro en Veracruz, pero sin mencionar el rezago en la construcción.
De hecho, en declaraciones recientes insisten en que la obra sigue avanzando, peeeeeeero sin especificar cómo ni cuándo será concluida. Ahora bien, trabajadores del instituto denuncian internamente que la obra se encuentra prácticamente paralizada, debido a que Idinsa no cuenta con personal calificado ni recursos técnicos suficientes, confirmando así todas las advertencias previas.
Nahle siendo Nahle
Pese a la contundencia de los hechos, la zacatecana continúa defendiendo la importancia estratégica del proyecto. En el aniversario del IMP de 2024, Nahle habló de la planta en desarrollo como parte de la soberanía energética y de los ahorros que generaría (se calculan 80 mdd anuales menos en importaciones), pero obvio omitió hablar de la crítica situación del proyecto y las razones.
El elefante blanco profetizado
La planta de catalizadores, que debía ser clave para reducir la dependencia del país en la importación de catalizadores, hoy se perfila, por corruptos e ineficientes, como otro “elefante blanco”. México continúa dependiendo de productos importados, generando pérdidas millonarias.
La falta absoluta de rendición de cuentas y la impunidad con la que se han manejado los contratos generan un preocupante precedente para futuras inversiones en infraestructura energética. Frente a la contundencia de los hechos, la pregunta inquietante permanece: ¿cuánto tiempo más se permitirá que este proyecto siga consumiendo recursos públicos sin resultados tangibles? Y, lo más importante: ¿quién asumirá la responsabilidad por este desastre anunciado?
La ‘4T’ y su segundo piso resultaron peores que los neoliberales y ahora sin el Inai no habrá forma de que rindan cuentas.
En fin, su discurso de honestidad es una falacia.