A partir del anuncio de la suspensión por 90 días de los aranceles recíprocos, los miembros más importantes del gabinete económico de Trump –Howard Lutnick, Scott Bessent, Jamieson Greer, Peter Navarro, Kevin Hassett y Stephen Miran– han declarado que hay una larga fila de países solicitando negociar reducir o eliminar dichos aranceles. Sin embargo, la Constitución de Estados Unidos establece que el Congreso es el responsable del comercio internacional en ese país, por lo que cualquier negociación comercial, en particular las que afecten los ingresos federales, tiene que contar con la aprobación del Capitolio. Parece un tecnicismo, sobre todo para quien está acostumbrado a estirar los límites de la ley, o incluso pasar por encima de ella, pero este caso puede sentar precedentes que afecten la renegociación del T-MEC.
Durante la comparecencia la semana pasada del Representante Comercial (USTR) Greer ante los comités de Finanzas del Senado y de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes, legisladores de ambos partidos le preguntaron en varias ocasiones cómo es la relación que aspira tener con el Congreso, en particular con estos dos comités, luego que su predecesora Katherine Tai, generó un ambiente frío y de desconfianza a partir de la negociación del acuerdo sobre minerales estratégicos con Japón en el 2023, del que se mantuvo al margen al Congreso y no se presentó para su ratificación, declarándolo un acuerdo ejecutivo (AE) o sole executive agreement. Incluso, hubo impugnaciones sobre su legalidad que se archivaron con el inicio de las elecciones primarias.
Greer se comprometió a mantener informados a ambos comités de las negociaciones comerciales que lleve a cabo el gobierno de Trump, lo que de acuerdo a la ley no es suficiente. El USTR es el responsable de las negociaciones comerciales internacionales y de inversión extranjera y de coordinar la participación de las dependencias federales que sea necesario involucrar en esos procesos. Pero debe actuar de acuerdo con los objetivos y a los tiempos que marque el Congreso en la ley conocida como Trade Promotion Authority (TPA), que se negocia con la Casa Blanca y que debe estar vigente al menos 90 días antes del inicio de cualquier negociación.
Hasta la fecha, Trump no ha mostrado ningún interés en la creación del TPA, la que resulta indispensable para la renegociación del T-MEC o de cualquier otro TLC que Trump pretenda realizar. Sin TPA, las negociaciones con los países interesados en modificar sus aranceles recíprocos serían muy acotadas, pudiendo incluir algunos compromisos respecto a los problemas operativos citados en el reporte NTE del USTR publicado hace dos semanas, no así temas laborales o ambientales, pero el Congreso seguiría siendo capaz de impugnar lo relacionado con los aranceles aplicados por Estados Unidos, aunque Trump los justificó como una medida de emergencia.
Trump dijo que busca conseguir acuerdos en los próximos 90 días con más de 70 países, para lo que pondrá a cargo de las negociaciones a Bessent y a Greer, lo que puede generar otros problemas, pues Bessent es un experto financiero y no tiene los mismos objetivos ni conocimientos que Greer y el USTR. Además, el staff técnico del USTR es muy pequeño, lo que le impide realizar más de tres negociaciones simultáneas. Otras dependencias no cuentan con los especialistas necesarios para estas negociaciones y el Congreso aún no ratifica a varios especialistas del USTR.
Si Trump continúa ignorando a su Congreso en las negociaciones comerciales y procede sin TPA, podría presentar para su ratificación los acuerdos logrados en base a la mayoría que tiene en ambas cámaras, o declararlos AEs. En el primer caso, es posible que fueran aprobados, pero cabe la posibilidad de que sean impugnados al momento que perdiera el control del Congreso en el 2026 e incluso que se declaren nulos. En el segundo, la posibilidad de ser impugnados es mayor porque la Constitución atribuye al Congreso la responsabilidad de los asuntos comerciales, no al Ejecutivo.
En lo que toca a la renegociación del T-MEC, aún cuando se tratara de minimizar la participación del Congreso, ambas cámaras tendrían que aprobar la ley de implementación, lo que implicaría otro proceso de negociación con diferentes comités que se podría extender por varios meses hasta que todos los legisladores estuvieran satisfechos. Por cierto, el Senado aprobó la semana pasada, por el margen mínimo, la designación de Ronald Johnson como nuevo embajador en México.