Ahorrar gastos es una condición natural de cualquier negocio para maximizar las utilidades, pero sin bajar la calidad del producto o del servicio. Recortar por recortar no hace mejor a ninguna compañía y puede, en muchos casos, echarla a perder.
Por eso la idea de que una institución pública o privada es tan eficiente como su menor tamaño posible no es del todo correcta. Primero, porque los gobiernos deben estar enfocados en el bienestar general y no tanto en crear valor para accionistas y mercados, mientras las empresas caminan orientadas por dominar su segmento y maximizar sus ingresos. Son dos puntos de vista distintos, válidos y complementarios para construir una sociedad próspera e inteligente.
Un principio de eficiencia no puede sustentarse en que un colaborador haga el trabajo de tres y cobre el mismo salario. Eso no es productividad, ni pública ni privada.
Steve Jobs puso de moda —aunque ha sido una práctica empresarial muy vieja— preguntar a bocajarro qué hacía una persona en sus empresas y despedirla en el acto si no podía responder bien.
La práctica hizo mantra de negocios esta forma de actuar y hoy provoca un enorme malestar en administraciones como la estadounidense, que está bajo el escrutinio del hombre más rico del mundo, Elon Musk, como asesor de eficiencia gubernamental de la Casa Blanca.
Nada malo es cuestionar la utilidad de un área o de un cargo, pero hacerlo de manera teatral y amenazadora, como si se montara un programa de televisión, termina por generar más problemas que soluciones.
La planeación estratégica de los ahorros que pueden obtenerse de un mejor diseño organizacional ha hecho grandes corporaciones; aunque “quitar la grasa” a las instituciones las puede dejar famélicas e inoperantes. No pocas empresas han entrado en crisis cuando sus directivas asumen recortes masivos para salvar el estado de resultados o caen en manos de los fondos de inversión que las destripan como estrategia financiera.
Las empresas tienen la obligación de generar riqueza y valor para sus trabajadores y consumidores, mientras le dan un retorno de inversión a los inversionistas. Su papel es distinto, pero no por ello menos relevante para establecer un auténtico Estado de Bienestar.
Ni todo el mercado ni toda la burocracia tendrían que ser la regla, porque uno y otro son parte de la fórmula que impulsa el verdadero desarrollo.
Tal vez la vía es la colaboración respetuosa sobre qué función le toca a cada ámbito en el surgimiento de comunidades que cuenten con sus satisfactores básicos cubiertos y puedan acceder a mejores niveles de vida a través de oportunidades de crecimiento y servicios de calidad en educación, salud, vivienda, empleo y esparcimiento.
Demonizar al gobierno porque no responde a los criterios de la empresa y condenar a la empresa por su falta de orientación social es una falsa dicotomía que solo ha favorecido al capitalismo de cuates que luego se impone a un modelo de sana competencia.
En el mundo de los billonarios, la competitividad se puede convertir en la poderosa tentación de ser quienes deciden quién continúa y quién no en un puesto público del que dependen miles de usuarios. Si ya de por sí es nocivo para las corporaciones tener un ambiente laboral tóxico, extenderlo sin justificaciones a lo público solo ocasionará molestias y daños a la ciudadanía.
Retomemos la versión correcta de la administración privada y pública, donde compartamos las mejores prácticas de ambos mundos. Un nuevo diseño corporativo es posible y deseable; uno nuevo de gobierno puede ser tan importante y útil que promueva la creación de empresas fuertes, estables y que abran las plazas de trabajo que se necesitarán en los próximos años.