Simular la democracia es relativamente fácil frente a la titánica tarea de construirla y ejercerla auténticamente. Esto último supone la existencia de demócratas, es decir, de una ciudadanía que se reconoce como tal y que ejerce y defiende sus derechos. Lo que los regímenes autoritarios hacen para perpetuarse es debilitar la institucionalidad que evita la concentración del poder y el que la ciudadanía florezca al amparo de reglas que están y se ejercen por encima de la arbitrariedad de los gobiernos.
Hace quince días en este espacio escribí sobre el proceso de organización de las elecciones del Poder Judicial y las previsibles consecuencias regresivas para futuras elecciones y ofrecí seguir el análisis dadas las múltiples aristas que están involucradas. Abordo el tema desde la perspectiva de la integridad electoral, es decir, desde el conjunto de condiciones que tienen que cumplirse para concluir que una elección es democrática, ya que el simple hecho de acudir a las urnas no hace de un proceso electivo uno en el que los electores se manifiesten en libertad y su voluntad, su soberanía, sea respetada.
En la entrega referida señalé que las reglas fundamentales de la integridad tienen que ver con la certeza de las normas y su aplicación, la incertidumbre en los resultados, el voto informado y la ciudadanización del proceso. Esto último es algo particularmente significativo para el caso mexicano, ya que detonó la confianza en los resultados al hacerse efectivo el que los votos de los electores fueran recibidos y contados por sus vecinos.
Escribí también que el Consejo General (CG) del INE había resuelto en una votación mayoritaria (8-3) que la promoción para propiciar la participación era facultad exclusiva de las autoridades electorales, atendiendo a la letra la reforma que llevó al proceso electoral que está en curso.
La resolución del CG del INE fue impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal (TEPJF) por diversos actores, incluyendo partidos políticos y, por qué no, la propia Presidencia de la República. En una votación tres a dos, como ha sido lamentablemente la constante en sentencias que enderezan a modo las insuficiencias de las reformas que ha promovido la 4T, ese tribunal revocó la decisión del INE, con lo que abrió la puerta para que funcionarios públicos promuevan la participación ciudadana para la elección del Poder Judicial.
En la justificación de la “reforma” y la explicación pública, los promoventes sostuvieron que se dejaría en manos del PUEBLO la decisión de elegir a quienes impartirán justicia; por lo mismo se excluyó del proceso a los partidos políticos con el argumento de evitar la repartición de cuotas y la partidización. Se dejaría a las propuestas directas de las y los candidatos y a la promoción de las autoridades electorales la información que llegaría a los electores para que tomaran su decisión.
La realidad va poniendo a cada quien en su lugar, de manera tal que el desconocimiento del quehacer judicial y la función que desempeña, junto con la complejidad del proceso, nada equiparable a otras elecciones, hace ver rápidamente que lo que priva es el desinterés público y que lo previsible es una muy baja participación con la consecuencia de la falta de legitimidad del resultado, ese que se ha anunciado como un ejemplo democrático para el mundo.
Una vez más, las prisas —el proyecto político de concentración del poder por delante— llevaron a disposiciones legales insuficientes e hicieron supletorias, para este caso, las reglas para la elección de los poderes ejecutivos y legislativos, cuando la naturaleza del judicial es distinta y requería consideraciones particulares. Para subsanar esto, la mayoría que se ha constituido en el TEPJF se ha convertido en el legislador que el bloque gobernante requería para llevar adelante el proyecto que está terminando con la autonomía de uno de los poderes de la Unión y desmontando el carácter de ese mismo Tribunal que se pensó para ser la última instancia de legalidad y certeza para hacer respetar la norma establecida y no para modificarla “interpretándola” a conveniencia de quien ejerce el poder.
Más allá de la pésima técnica legislativa, el problema que se abre con esta sentencia es que además se viola el artículo 134 constitucional, como bien señaló la magistrada Janine Otálora, que prohíbe el uso de recursos públicos y la sobreexposición que da un cargo público para influir en la preferencia de los electores. En la boleta será claro qué instancia postuló qué candidaturas, y si está promoviendo que la ciudadanía acuda a votar, está induciendo directamente el voto hacia las personas que propuso. Rompiéndose, además, la equidad de la contienda.
Ahora el Tribunal Electoral, con su sentencia, termina de completar un capítulo que nunca se escribió, de la misma manera que validó la sobrerrepresentación que se impuso sobre la voluntad ciudadana y que abrió la puerta a los cambios constitucionales que están cambiando el basamento institucional del país y su rumbo sin que eso estuviera a consulta en las pasadas elecciones presidenciales.
No podemos dejar el tema, ya que lo más grave aún está por venir: que estas iniciativas deriven en una próxima reforma que cambie el sistema político y las reglas electorales para cerrar el sistema a voces que ofrezcan opciones distintas al oficialismo y a la diversidad social, receta que está en los manuales de los regímenes autoritarios y que se han venido aplicando puntualmente.