La conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum del viernes 4 de abril fue para presentar la Política de Desarrollo Rural y Soberanía Alimentaria, y las metas cuantificables que la justifican; la soberanía alimentaria es parte del Plan México.
Los componentes de la política agroalimentaria son primordialmente económicos, sociales y ambientales, con los que se pretende afrontar una problemática económica, política y social que puede resumirse en que México, siendo una potencia exportadora en frutas y hortalizas, también es dependiente en extremo de importaciones de granos y oleaginosas.
La política anunciada tiene el propósito medular de recuperar una soberanía alimentaria que el país perdió desde los años sesenta del siglo pasado; se propone hacerlo mediante el aumento de la producción agrícola, ganadera, pesquera y acuícola que se distribuye en el mercado nacional.
O sea, la política se resume en producir más de aquello en lo que el país es gravemente deficitario, que son cereales, leguminosas y oleaginosas (lo básico de la dieta nacional), y hacerlo favoreciendo a pequeños y medianos productores y con cuidado ambiental.
En 2024 solo se cosechó el 46 por ciento de lo que requerimos de esos productos básicos.
La política agroalimentaria también tiene el objetivo de acrecentar las exportaciones de frutas y hortalizas, en las que México es una potencia.
El esfuerzo productivista para recuperar la soberanía alimentaria pondrá en juego un entramado de medidas que abarcan lo que requiere la siembra en créditos, seguros, tecnología, insumos e infraestructura de todo tipo, hasta precios de garantía para algunos productos y productores pequeños y medianos, tanto agrícolas como ganaderos, pesqueros y acuícolas “que son la población prioritaria”.
Hasta aquí, el mayor cambio con la política del sexenio pasado es la restauración del crédito y del seguro a la economía rural, que el gobierno anterior desmanteló; pero lo que me parece novedoso de la política del gobierno de Sheinbaum es que, a causa del cambio climático, la política, además de productivista, considera la posible adaptación a la disponibilidad de agua en el territorio.
Es claro que los mercados no frenarán el calentamiento planetario, porque lo que importa son las utilidades y las fuentes de energía limpias no son tan rentables como las basadas en hidrocarburos.
En consecuencia, cada gobierno tiene que hacer sus propios esfuerzos para adaptarse a los efectos más perniciosos del cambio climático y tratar de mitigarlos; la política anunciada el viernes pasado hace un señalamiento crucial, que es que los mayores esfuerzos se harán en estados del sur y sureste de nuestro territorio.
El tema lo hemos abordado reiteradamente en este espacio: en esa región se encuentra el 62 por ciento del agua dulce disponible en nuestro territorio, mientras que los estados del noroeste y centro, como Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí y Zacatecas, son los más vulnerables al cambio climático; en entidades como Sinaloa y Sonora se encuentra la mayor infraestructura de riego y hace décadas que sufren sequías cada vez más severas por el calentamiento global.
Lo ha venido advirtiendo el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pesqueras (INIFAP); diversos estudios que ha realizado durante décadas sostienen que en el sur sureste del país hay agua suficiente para regar al menos tres millones de hectáreas y elevar con ello la producción de una variedad de productos agrícolas hasta ser ampliamente superavitarios en algunos, como el maíz.
En los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Veracruz se cultivan unos dos millones de hectáreas de maíz de temporal con bajos rendimientos y únicamente en el ciclo primavera-verano; entre octubre y marzo permanecen ociosas esas tierras porque no se ha construido la infraestructura de riego que las haga mucho más productivas.
Si se dotara de riego a un millón de esas hectáreas, se sembrarían dos veces al año, y con la tecnología en uso (semillas certificadas, agroquímicos) arrojarían, por ejemplo en el caso del maíz, rendimientos de 8 toneladas por hectárea.
Otros 8 a 12 millones de hectáreas se utilizan exclusivamente en ganadería extensiva en esa región, pero deberían tener uso agropecuario integrado. Más de dos millones de hectáreas de esas tierras podrían irrigarse fácilmente con agua del sistema Usumacinta-Grijalva.
Por fin se reconoce que en el sur sureste del país están las posibilidades de adaptación agroalimentaria al calentamiento del ambiente; aunque se conocen desde hace décadas las posibilidades que ofrece la disponibilidad de agua superficial en esa región del país, no se había hecho nada para desarrollar la infraestructura y demás condiciones para aprovecharla.
Debió haberse hecho hace mucho tiempo y hasta ahora es que la Política de Desarrollo Rural y Soberanía Alimentaria del actual gobierno anunció que lo hará.