En días pasados, arrancaron las campañas para la elección judicial. En un hecho histórico y lamentable, los candidatos a ocupar un puesto en dicho proceso iniciaron su promoción ante el electorado para ganar su confianza. Las campañas durarán 60 días e implicarán la elección oficial de 881 cargos, entre ellos los 9 ministros para la Suprema Corte. No es una sorpresa que los candidatos que destacan para algunos de esos 9 lugares sean las 3 candidatas impulsadas por el oficialismo, quienes también se han declarado abiertamente seguidoras y partidarias de la ideología promovida por el partido en el poder. Claramente, no habrá independencia, y trabajarán bajo las consigas de quien las instaló y respaldó en el puesto: el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esto, además de ser un hecho insólito, deja constancia del avance acelerado que ha tenido el cambio de régimen en nuestro país en los últimos años. En menos de 6 años, este gobierno ha logrado, a paso agigantado, transformar el Estado en un sistema concentrador y centralizado, eliminando los contrapesos y la división de poderes.
Como en todo primer proceso, sabemos que este estará plagado de irregularidades. Por ejemplo, en teoría, el presupuesto asignado por candidato para los 60 días de campaña no puede rebasar los $220,000.00 (doscientos veinte mil pesos), una cifra inverosímil si consideramos lo que ya han gastado varios de los candidatos en la promoción de su imagen, con entrevistas, foros y menciones en medios de comunicación. Cualquier agencia de medios podría validar este dato, y las cifras serían al menos 100 veces más altas que el gasto permitido.
Otro ejemplo de algo que no debería estar permitido —y que incluso debería ser sancionado por el árbitro electoral— es el video publicado en redes sociales por la candidata Lenia Batres, quien reclama a un evidente operador político de Morena por la pésima organización de un evento. Es importante mencionar que, en teoría, los partidos políticos no pueden participar en la promoción de ningún candidato, pero todos sabemos que esta elección está motivada, soportada, financiada y movilizada por el partido en el poder.
Para seguir sumando irregularidades, se sabe que las casillas contarán con las boletas conforme al padrón nominal; no obstante, ahora no habrá representantes por casilla, lo que limita la transparencia en la manipulación de las mismas. Obviamente, volveremos a la triste historia del “embarazo de urnas”. En este sentido, es crucial mencionar que el INE prevé una participación extremadamente baja de la ciudadanía, que rondará entre el 8% y el 20% de los 100 millones de electores registrados.
Dejando de lado lo anterior, otro de los grandes desafíos que enfrentaremos como ciudadanos será evaluar la capacidad de los candidatos postulados. Debemos tener como referente que el poder judicial siempre ha contado con requisitos académicos y de experiencia muy específicos. Sabemos que la reforma los modificó y abrió paso a que ahora aspirantes sin las cualidades y preparación adecuadas puedan postularse para el puesto. No debemos olvidar que la Suprema Corte no es solo un contrapeso, es el máximo tribunal encargado de verificar la legalidad conforme a la Constitución. Y esto es clave para todos los ciudadanos. Si no se eligen de manera adecuada las personas encargadas de velar por el cuidado constitucional, el poder ejecutivo, a través del poder legislativo, podrá reformar a su gusto la Carta Magna de nuestro país.
Volviendo a la elección, si bien aún tenemos un instituto electoral que funge como autoridad y regulador, este no es imparcial. Aun así, debemos tener muy claro que es la única herramienta ciudadana que nos queda. Habrá muy poca información que nos permita evaluar a los candidatos, pero no debemos dejar de hacerlo, porque claramente Morena movilizará todo lo posible para colocar en dicho poder a personajes a su favor. No debemos dejar en manos de la popularidad ni de la operación partidista y política la elección de quienes tendrán la responsabilidad de salvaguardar la Constitución de todos los mexicanos, y que, de no actuar con imparcialidad, responderán exclusivamente a los intereses de quienes los postularon y respaldaron para asumir esos cargos.
En pocas palabras, no podemos permitir que el partido en el poder ahora controle el poder judicial, tal y como ya lo hace con el poder legislativo. Ciudadanos, salgan a votar, investiguen y participemos en lo poco que aún podemos salvar del sistema político de nuestro país. El no acudir a las urnas, ser apáticos y poco responsables ya nos costó muy caro. Las secuelas de esta apatía —daño político, económico y social— las veremos y viviremos en los próximos años. Votemos, porque de esto depende el futuro de las nuevas generaciones en un país libre y democrático.