Bajo la amenaza de aranceles, México y Estados Unidos lograron en 2019 un acuerdo que permitió mantener el flujo comercial de jitomate fresco hacia el mercado estadounidense, evitando así un golpe a productores mexicanos y consumidores de la Unión Europea.
El pacto, firmado el 21 de noviembre de ese año tras intensas negociaciones, desarrolló un nuevo esquema de precios mínimos para las exportaciones mexicanas, poniendo fin a una disputa comercial que se arrastraba desde los años 1996.
¿De qué va el acuerdo para no aplicar aranceles al jitomate?
El mecanismo implementado fijó valores base diferenciados según el tipo de jitomate: el rama quedó en 0.31 dólares por libra, la bola sin rama en 0.33, mientras que las variedades cherry y uva alcanzaron los 0.50 dólares.
Para garantizar el cumplimiento, se implementó un riguroso sistema de verificación que incluyó inspecciones a productores y exportadores mexicanos. A cambio, el Departamento de Comercio estadounidense suspendió definitivamente la investigación antidumping sobre la industria mexicana.
Este pacto representó la tercera renovación desde el primer acuerdo de 1996, pero bajo la administración Trump se convirtió en el más estricto hasta entonces. Los productores estadounidenses, particularmente los de Florida, continuaron presionando para mayores restricciones, argumentando competencia para desleal.
Para mantener el acceso privilegiado al mercado estadounidense sin pagar aranceles, los productores mexicanos aceptaron en 2019 someterse a un complejo entramado de verificaciones que vigilaba cada eslabón de la cadena exportadora.
El Departamento de Comercio estadounidense se reserva el derecho de realizar inspecciones sorpresa en cualquier momento, apareciendo sin previo aviso en empacadoras y campos de cultivo para revisar registros de producción, documentos de venta y precios aplicados.
Los exportadores, por su parte, asumieron la obligación de conservar durante cinco años toda su documentación comercial -facturas, contratos y registros de embarque- que demostrara el cumplimiento de los precios mínimos pactados.
En la frontera, las autoridades aduaneras de Estados Unidos (CBP) implementaron un filtro adicional, cotejando minuciosamente los precios declarados en cada importación con los valores de referencia establecidos en el acuerdo. Cualquier discrepancia podía derivar en el rechazo inmediato del embarque o, en casos graves, en el inicio de procedimientos investigativos.