El 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Personas Trabajadoras del Hogar. En esa materia en México hay poco que celebrar, pues, a pesar de avances normativos que se dieron hace algunos años, la enorme mayoría de las empleadas del hogar sigue laborando en condiciones de precariedad sin que el gobierno, pretendidamente progresista, se haya tomado en serio cambiar esta ominosa realidad para millones de mujeres trabajadoras. Veamos los avances jurídicos y los datos duros del tema.
En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación —sí, esa que según la narrativa gubernamental sólo veía por los privilegiados— determinó (sentencia de amparo directo 9/2018) que era anticonstitucional que los empleadores no registraran a sus trabajadores del hogar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Para el máximo tribunal, ello implicaba “un trato discriminatorio proscrito por el Artículo 1 constitucional, así como una violación al derecho humano a la seguridad social”.
Con esa sentencia se empezó a revertir la exclusión laboral normativa que las propias leyes fomentaban, pues tanto la Ley Federal del Trabajo como la del Seguro Social contemplaban que la inscripción al IMSS del trabajo doméstico era voluntaria mientras que, para los demás asalariados, sí resultaba obligatoria. Además, la jornada laboral en el hogar podía ser de hasta 12 horas diarias cuando para el resto era de ocho horas.
En 2018, México aún no había ratificado el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho de los trabajadores del hogar firmado desde 2011. La sentencia de la Corte, el éxito de la película Roma de Alfonso Cuarón, así como la lucha del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho) —que encabezó Marcelina Bautista— y la persistencia de académicas y defensores de derechos humanos, dieron visibilidad a la realidad del empleo remunerado en hogares de terceros y se creó así un contexto propicio, al inicio del sexenio pasado, para incorporar a la formalidad y al ejercicio de sus derechos laborales a millones de trabajadoras.
Para abril de 2019, el IMSS lanzó un programa piloto para la afiliación de los trabajadores del hogar; ese año el Legislativo reformó la Ley Federal del Trabajo y, finalmente, el Senado ratificó el convenio 189 de la OIT. En 2020, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fijó por primera vez la cuantía que correspondía al trabajo en el hogar. Soplaban vientos favorables. ¿Qué ha sucedido?
Las estadísticas recientes del INEGI muestran que al cierre de 2024 la ocupación en el trabajo doméstico remunerado abarcaba a 2.4 millones de personas. En ese momento, el IMSS tenía inscritos a 60 mil 475 trabajadores del hogar, apenas el 2.5 por ciento del total. Permanece en la informalidad y, por tanto, sin las prestaciones laborales plenas, el 97.5 por ciento. A cinco años del programa no disminuyen la exclusión y la precariedad laboral.
La situación es peor para las mujeres. Ellas representan el 91 por ciento de esta ocupación (2.2 de los 2.4 millones), por sólo 9 por ciento de hombres (210 mil). Pero de los trabajadores del hogar afiliados al IMSS, el 33 por ciento son hombres (19 mil 886) y 67 por ciento mujeres (40 mil 589). Como se ve, mientras los varones representan a menos de uno de cada diez trabajadores del hogar, son uno de cada tres de los inscritos en el IMSS. Esto implica que sólo el 1.8 por ciento de las trabajadoras del hogar cuentan con seguro social, mientras que el 9.5 por ciento de los hombres sí tiene seguridad social. La exclusión laboral afecta a todos los asalariados de este colectivo, pero la brecha de género es más que evidente.
En 2020, el IMSS tenía registrados a 25 mil trabajadores del hogar; cuatro años después, a 35 mil más, así que, en promedio, se inscribieron al IMSS menos de 9 mil trabajadores del hogar adicionales al año. A ese paso, se tardará más de 266 años en abarcar el universo de 2.4 millones. Más grave todavía: según datos del propio IMSS, al cierre de 2023 había 61 mil 988 trabajadores del hogar inscritos ante el Instituto, por lo que se perdieron mil 513 afiliados el año pasado. En vez de avanzar, se retrocede. Esa es la medida del “éxito” de la política pública impulsada por el IMSS.
En medio de la autocomplacencia gubernamental, es preciso decirlo con cifras oficiales: más de 98 de cada cien trabajadoras del hogar no han llegado a contar con los derechos que la Constitución y las leyes les otorgan.