El próximo 30 de marzo inician las campañas para las y los candidatos a ocupar uno de los 881 cargos del poder judicial que se renovarán como resultado de la reforma al poder judicial. El primero de junio se realizará la elección y el primero de septiembre las personas electas tomarán protesta. Por primera vez en la historia de nuestro país los juzgadores serán electos por votación popular.
Quienes tenemos interés en participar en decisiones públicas, no sólo nos enfrentaremos a una elección inédita, sino a la falta de información para ponderar las trayectorias de los juzgadores. Ante este contexto, considero que la transparencia puede jugar un papel importante en las elecciones del Poder Judicial. El primer reto que enfrentará la sociedad es conocer información sobre las y los candidatos para poder elegirlos. Esto dependerá en gran medida de la difusión que hagan las y los aspirantes.
Desde hace más de 8 años las y los mexicanos contamos con una herramienta para informarnos de lo público. Me refiero a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la mayor base de información pública en el país. Aquí, es posible encontrar los currículos de quienes han trabajado en la carrera judicial, para lo cual basta con escribir el nombre de la persona en el buscador general. También, podemos encontrar: el sueldo que han percibido, si se encuentran en la lista de servidores públicos sancionados, si recibieron beneficios de algún programa social o conocer los cargos que han ocupado.
En estas elecciones, la PNT sería una gran aliada para conocer un poco la trayectoria de un gran número de candidatos que permita a la sociedad tener más elementos para poder emitir su voto de manera informada.
Por otra parte, el segundo reto está en conocer los montos económicos que se asignarán al proceso de elección. Como bien sabemos, la semana pasada el Instituto Nacional Electoral (INE) fijó el tope para gastos de campaña en un máximo de 220 mil 326 pesos. A este monto se suma el gasto operativo del INE para la instalación de casillas, personal en tierra para el día de las elecciones, la impresión de cerca de 600 millones de boletas, entre otros.
Dentro de este universo tan amplio de gastos derivados de la elección judicial, existe la oportunidad para que las personas ejerzan su derecho a saber y pregunten a las instituciones responsables de la jornada electoral. Por medio de la PNT, pueden ingresar una solicitud de información para conocer, por ejemplo, el número de personal contratado para la elección, la erogación en seguridad para la custodia de las boletas y licitaciones de proveedores. Las instituciones públicas están obligadas a contestar.
De esta manera, el ejercicio del derecho de acceder a lo público cumple una función importante en nuestra sociedad: que las personas tomen decisiones informadas, basadas en hechos, en evidencias y documentos oficiales. En mi paso por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pude entender que para ejercer un derecho es importante lograr que las personas entiendan su uso práctico.
El INAI se extinguirá en estos días, pero el derecho a la información y la protección de datos permanecerá bajo un nuevo modelo. La propia PNT se encuentra en un proceso de migración a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno quien será la responsable de su operación y funcionamiento en el futuro cercano.
No me cabe duda de que el derecho a la información puede mejorar el ejercicio del voto en la elección del Poder Judicial, ya que permite acceder a información sobre candidatos, quiénes son y sus antecedentes, así como los costos del proceso electoral y el uso de recursos públicos. A pesar de los retos de este proceso, la PNT facilitará el ejercicio del derecho a la información y puede empoderar a las personas para elegir a quienes mañana decidirán sobre temas trascendentales para el país.