La directora de la Inteligencia Nacional estadounidense, Tulsi Gabbard, anunció este lunes 10 de marzo, que la Casa Blanca revocó los permisos de seguridad a miembros destacados de la Administración de Joe Biden (2021-2025) y retiró el envío de los informes diarios al exgobernante.
Gabbard detalló que estas acciones ocurrieron por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La orden afecta al exsecretario de Estado Antony Blinken, al exasesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan, a la entonces “número dos” del Departamento de Justicia, Lisa Monaco, a los abogados Mark Zaid, Norman Eisen y Andrew Weissmann, así como a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y al fiscal de distrito, Alvin Bragg.
La directiva de Trump incluye igualmente a los 51 agentes de inteligencia que en octubre de 2020 firmaron una carta indicando que la controversia por el ordenador portátil de Hunter Biden, hijo de Biden, tenía las características propias de una operación de información rusa.
Trump ya había advertido en enero, recién llegado al poder por segunda vez, que procedería a la suspensión de las autorizaciones de seguridad de ese grupo. Gabbard consideró que la misiva firmada fue una “carta de desinformación”.
Los funcionarios firmantes pusieron en duda la credibilidad de correos electrónicos de los que se hizo eco el diario The New York Post y que supuestamente provenían de un portátil que Hunter Biden había dejado en una tienda de reparación en Wilmington, Delaware.
Según esos mensajes, cuando Joe Biden aún era vicepresidente de Estados Unidos, Hunter le presentó a un ejecutivo de la firma de gas natural ucraniana, Burisma Holdings, que estaba siendo investigada por el entonces fiscal general de Ucrania, Víktor Shokin (2015-2016).
El entorno de Trump siempre ha sostenido que Joe Biden forzó la destitución de Shokin mediante una llamada telefónica con el expresidente del país, Petró Poroshenko, con el fin de proteger a su hijo, que asesoraba a la empresa.
En septiembre de 2023, el republicano Kevin McCarthy, entonces presidente de la Cámara de Representantes, inició una investigación de juicio político contra Joe Biden, por “cultura de corrupción”.
El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, reunió pruebas de que, entre 2014 y 2019, Hunter Biden y sus asociados recibieron unos 24 millones de dólares de personas o empresas con sede en China, Rusia, Ucrania, Rumania y Kazajstán.
Comer dijo que “vendieron acceso con fines de lucro en todo el mundo en detrimento de los intereses estadounidenses”. La investigación comenzó con un examen de documentos y correos electrónicos recuperados de una computadora portátil abandonada que pertenecía a Hunter Biden, que fue entregada al abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, en 2020.
El esfuerzo por acusar a Biden perdió fuerza en febrero de 2024, luego de que un informante del FBI fuera acusado de mentir a la agencia sobre Hunter Biden y la conexión de su padre con Burisma Holdings.
-Con información de Bloomberg.