Llevamos dos meses bailando al son que ha establecido el presidente Donald Trump: dos fechas límite, muchos amagues, intercambios en materia de seguridad, ajustes económicos, y un primer relevo, con tinte político, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En febrero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles del 25 por ciento a todos los productos importados de México y Canadá, con excepción del petróleo y la energía provenientes de Canadá, que fueron gravados con un 10 por ciento. Estos aranceles fueron justificados por Trump como medidas para frenar la migración ilegal y el tráfico de fentanilo, así como para reducir el déficit comercial de Estados Unidos.
Nuestra economía pendía de un hilo al cumplirse el primer plazo dado por Trump, basado en los incrementos a las exportaciones de México y Canadá. Lo que es impresionante es lo que ha logrado el presidente Trump con estos amagos. Al menos desde el lado mexicano, ya se han obtenido avances importantes, como el compromiso de México, en este primer mes de gracia, de enviar 10 mil tropas de la Guardia Nacional a su frontera sur para combatir el tráfico de drogas. Por otro lado, en un hecho sin precedentes, y contradiciendo toda la protección que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador brindó a grupos criminales, fueron entregados al gobierno de Estados Unidos 29 narcotraficantes, un hecho histórico.
Dos días después de la siguiente prórroga, y en un entorno de incertidumbre en el tipo de cambio e inestabilidad financiera, el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presentó su renuncia a la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que sorprendió a muchos, ya que dicha posición seguía siendo controlada e impuesta por el expresidente AMLO.
Es importante mencionar, en nuestro Debate Puntual, que los resultados obtenidos por el presidente en tan poco tiempo son sorprendentes. Esto se logró partiendo de algo que no debería ser moneda de cambio, ya que el gran antecedente que rige la relación comercial entre ambos países es el TLC, ahora conocido como TMEC. Si bien Trump, pensando de manera proteccionista y en beneficio de sus ciudadanos, ha encabezado este tipo de presiones, los propios empresarios han puesto ciertos frenos en esta materia. Tal fue el caso de la industria automotriz. Los CEOs de General Motors (GM), Ford Motor Company y Fiat Chrysler Automobiles (FCA) pidieron a Trump que reconsiderara los aranceles sobre los automóviles fabricados en México y Canadá, advirtiendo sobre el impacto negativo que tendrían sobre la industria automotriz de Estados Unidos. Sus principales preocupaciones fueron:
Aumento de costos: Los CEOs argumentaron que los aranceles aumentarían significativamente los costos de producción de los vehículos, lo que podría llevar a precios más altos para los consumidores y afectar la competitividad de los fabricantes estadounidenses en los mercados globales.
Desempleo y reducción de empleos: Indicaron que los aranceles podrían resultar en la pérdida de empleos en las plantas automotrices de Estados Unidos, ya que las empresas podrían trasladar la producción fuera del país o reducir su actividad debido al aumento de los costos.
Impacto en la cadena de suministro: Los ejecutivos también señalaron que las plantas automotrices en México y Canadá son parte crucial de la cadena de suministro de automóviles en América del Norte. Los aranceles podrían interrumpir estas cadenas de suministro, afectando tanto a los fabricantes como a los proveedores de partes.
Incertidumbre económica: Los CEOs expresaron que la incertidumbre creada por los aranceles dificultaba la planificación a largo plazo y las inversiones en la industria automotriz.
Como resultado de estas preocupaciones, Trump otorgó una prórroga de un mes para la implementación de los aranceles sobre los automóviles, buscando más tiempo para negociaciones adicionales y para evaluar las implicaciones en la industria.
Sin embargo, más allá de los aparentes logros inmediatos, vale la pena cuestionarse si esta estrategia de presión realmente obedece a intereses económicos genuinos o si forma parte de un cálculo político-electoral. El uso de medidas comerciales como moneda de cambio pone en entredicho los principios del libre comercio establecidos en el TMEC y genera un ambiente de incertidumbre que amenaza con frenar la inversión, golpear el empleo y debilitar la estabilidad económica regional.
Por ahora, a los mexicanos nos toca seguir a la expectativa, pero también exigir una postura firme y estratégica de nuestro gobierno, que defienda con inteligencia los intereses nacionales sin caer en el juego del chantaje disfrazado de negociación. La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta dónde se puede estirar la cuerda sin que termine por romperse?