José Antonio Zorrilla fue titular de la Dirección Federal de Seguridad hasta que el escándalo por el secuestro del agente de la DEA Enrique Camarena obligó al gobierno de Miguel de la Madrid, y a su secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, a removerlo. Hoy esa historia revive.
Zorrilla pagó lustros de cárcel por el asesinato de Manuel Buendía, pero su desgracia pública no comenzó el 30 de mayo de 1984, fecha de la ejecución del periodista al que llamaba amigo, sino nueve meses después, con la desaparición y muerte en Jalisco de Kiki Camarena.
El Estados Unidos de Ronald Reagan, de tintes injerencistas parecidos a los de Donald Trump, presionó a De la Madrid cuando el agente de la DEA desapareció; justo de eso hace ahora cuarenta años. Tras ser encontrado muerto, junto con el piloto mexicano Alfredo Zavala, comenzó un tsunami bilateral.
Con la crisis encima, los priistas creyeron que no era para tanto. Zorrilla recibió una patada pa’rriba: tras removerlo de la DFS a finales de febrero de 1985, no se les ocurrió mejor salida que postular al expolicía como candidato a diputado federal por su natal Hidalgo.
Si Zorrilla no fue finalmente diputado en 1985, puede deberse a que el gobierno se dio cuenta de que la mancha del narcotráfico era indeleble, así fuera solo a nivel de sospechas, en la biografía del hidalguense. O quizá fue por la presión de Washington. A saber.
En esas suspicacias pesaba la acusación, negada por Zorrilla, de que había expedido una credencial (la famosa “charola”) de la DFS a Rafael Caro Quintero: identificación a otro nombre que permitió al narco escapar en al menos un operativo donde participó la DEA.
Se llegó a decir incluso que hubo regalos de caballos o de dinero. En todo caso, en el juicio que finalmente Zorrilla enfrentó por el asesinato de Buendía, lo negó todo: desde conocer al narco y haberle hecho, o recibido, algún favor.
Así como se la habían dado, el entonces todopoderoso CEN priista le quitó la candidatura, pero lo que pasó enseguida es consistente con aquellos tiempos: Zorrilla viajó sin problemas a España, dejando la “víbora chillando”.
Hay al menos tres protagonistas de las entonces más altas esferas del poder que pueden hablar hoy de esta historia en primera persona: el exsecretario Manuel Bartlett, el ex subsecretario de Segob Jorge Carrillo Olea (1988-1994) y el propio Zorrilla, en su casa tras purgar condena por el asesinato de Buendía (acusación que, también, siempre negó).
Y, obviamente, está Caro Quintero, que desde el jueves pernocta en una cárcel de Estados Unidos.
Carrillo Olea ha sostenido que Bartlett siempre desestimó las versiones sobre los malos pasos de Zorrilla. Aquel habría llegado a acusar a su subalterno de crédulo, por tomar en serio lo que le reportaban otras personas sobre el director de la DFS.
El proceso que se seguirá a Caro Quintero reabre la cuestión de los apoyos políticos y policiacos de los que pudo haber gozado para convertirse en primerísima figura del narcotráfico hace medio siglo.
¿Qué supo la DFS de Zorrilla, del Cártel de Guadalajara y de sus cómplices? ¿Qué reportó al respecto el titular de la misma al secretario Bartlett? Y, desde luego, qué de nuevo puede conocerse sobre el asesinato de Kiki Camarena y, acaso, del de Buendía.
Tras refugiarse en España, Zorrilla regresaría a México, pero pasaron meses antes de que el fiscal especial del caso Buendía lo pudiera interrogar sobre el asesinato del autor de Red Privada. Y aun así, nuevamente tardó meses en ser encausado.
La llegada de Caro Quintero a EU reabre interrogantes sobre lo que supo e hizo el gobierno de México hace cuarenta años sobre el narco.
Un pasado que parece más actual que nunca.